El grupo parlamentario de Morena va “a fondo” en el combate de la facturación falsa y no detendrá la discusión y eventual aprobación de la minuta del Senado que tipifica la defraudación fiscal con facturación falsa como delincuencia organizada, afirmó el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. “Vamos a ir a fondo para castigar la defraudación y el delito cometido con la facturación falsa, y no nos vamos a detener. Creo que ya está suficientemente discutido, cuando menos de manera particular”, dijo. El legislador morenista afirmó que quienes se dedican a la compra y venta de facturas falsas como un modelo de negocio “son una banda criminal”, y por ello es que sus prácticas se catalogan como delincuencia organizada en la minuta del Senado. Apuntó que se tiene que considerar para este caso la prisión preventiva oficiosa y, en su caso, la extinción de dominio.
Ir a la notaJan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó que la iniciativa del Ejecutivo sobre la Ley de Amnistía tiene un efecto loable, pero acotado, y que su aplicación en algunos escenarios podría considerarse revictimizante. En el foro de parlamento abierto “Ley de Amnistía”, organizado por la Comisión de Gobernación y Población, enfatizó que es una oportunidad valiosa para aliviar el sufrimiento de personas que son víctimas de injusticias, por lo tanto, este organismo apoya la aplicación de amnistía. Manifestó que es primordial que se reformen y deroguen varios tipos penales sobre los que se aplicará la amnistía, a fin de extinguir la responsabilidad penal y no sólo brindar un mayor sentido de justicia a las personas beneficiadas, sino evitar la criminalización de conductas a futuro. “Suscribimos lo establecido en la exposición de motivos de la iniciativa, sobre las estadísticas y evidencias para señalar que existe una relación entre el acceso a la justicia y la condición económica de las personas y sobre la vulnerabilidad de ciertos grupos de población frente al Sistema de Justicia, como las mujeres, los jóvenes o las personas indígenas”.
Ir a la notaEn la inauguración del foro de parlamento abierto “Ley de Amnistía”, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), expresó que esta propuesta es profunda, benéfica y de trascendencia social, porque en el fondo plantea un acto de reconciliación en la búsqueda de la paz. Facilitará, dijo, la procuración de justicia y quizá descongestionará los tribunales y penales de delitos que no dañan gravemente a la sociedad; es también un instrumento de protección a grupos vulnerables cuyo eje principal será el respeto a los derechos humanos de las víctimas. La amnistía, añadió, tiene su máximo sustento en el artículo 73 constitucional, que faculta al Congreso de la Unión a concederla por aquellos delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación. En ese sentido, dijo, “somos corresponsables del análisis de esta propuesta”, la cual deberá verificarse en dos vertientes: técnica jurídica y legislativa, así como la complejidad relativa a los alcances reales por tipos de delito que marcan la propia iniciativa. Barrera Badillo precisó que, aunque parece un asunto de seguridad pública y de justicia, se trata de un tema que se relaciona primordialmente con el pacto social y la manera en que se está procurando recuperar el tejido social.
Ir a la notaEl diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (Morena) señaló que la Ley de Amnistía busca reparar los casos en donde las personas que cometieron algún delito mínimo fueron sentenciadas y detenidas por periodos largos, lo cual propicia que se incorporen en escaladas de destrucción evitando su reinserción social. Durante las mesas de análisis del “Parlamento Abierto para el Análisis y Discusión de la Ley de Amnistía”, el legislador destacó que este ordenamiento logrará eliminar los tratos desiguales y diferenciados; además de responder a las nuevas necesidades de la sociedad, como el movimiento de las diversidades, la búsqueda de los indígenas por su autonomía de su territorio y la intención permanente de tener acomodos en las decisiones de la nación. Consideró que hay quienes pudieran pensar que los delitos en muchas ocasiones corresponden a la fragmentación de la sociedad, lo cual ha generado jueces injustos en su actuación, porque interpretan realidades de una manera discrecional, “por eso vemos que indígenas han sido procesados sin tener una adecuada defensa”. Agregó que lo mismo ocurre con las mujeres, quienes están colocadas en una posición de vulnerabilidad que en ocasiones las induce a delinquir, ante ello, es fundamental la observación de cada caso. “Hay algunas que cometen un delito, porque el narcotráfico los obliga a estas conductas anómalas y al margen de la ley, pues quizás sea la única posibilidad de sobrevivencia social o individual”.
Ir a la notaDiputados, especialistas y representantes de organizaciones de derechos humanos iniciaron el análisis de la Ley de Amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, planteó que ese tema ha sido motivo de debate tanto por los alcances y precedentes de las conductas delictivas sobre las que se busca suspender el ejercicio de la acción penal, como por la forma en que se plantea.
Ir a la notaEl secretario de la Comisión de Gobernación y Población, diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez (Morena), propuso que la ley no sólo sea de amnistía, sino de indulgencia y la encabecé la Secretaría de Gobernación o el Ejecutivo, por medio de un comité que analice la viabilidad de la absolución. Al concluir el primer día del foro parlamento abierto “Ley de Amnistía”, el legislador explicó que la tarea de esta figura no puede debe estar en manos de la Fiscalía General de la República, porque no debe ser juez y parte, en todo caso, debe integrar el comité, “pero que éste no sea quien determine el perdón”. Indicó que la Ley de Amnistía es benéfica, porque el Estado ha violentado los derechos humanos de las personas. Expresó que se tiene que ampliar el catálogo de delitos, a fin de evitar que se excluya a muchas personas que han sido presas injustamente. Por su parte, la presidenta de la Comisión, diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), anunció que ante la respuesta de los expertos y académicos se abrirá una tercera reunión, porque hay 60 especialistas pendientes.
Ir a la notaRepresentantes de la sociedad civil, instituciones de salud públicas y diputados federales se pronunciaron a favor de que no solo se actualice el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para bebidas azucaradas y tabaco, sino que se aumente al menos 20 por ciento. Al participar en el parlamento abierto "Análisis de impuestos saludables IEPS", en la Cámara de Diputados, expusieron que los gastos de enfermedades no transmisibles como obesidad, diabetes, hipertensión y deficiencias en los riñones, entre otras, representan un gasto más elevado que el "huachicol". Ante sistemas de salud pública colapsados, urgieron a instrumentar acciones de prevención, educación, así como crear espacios gratuitos para ejercitarse; como etiquetado claro y, sobre todo, que tomen conciencia de la gravedad que representan sobre todo la obesidad y el tabaquismo. Además, especialistas y representantes de organizaciones como Contrapeso, El Poder del Consumidor, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), resaltaron la importancia de garantizar que los recursos captados por este impuesto sean para el sector salud. Publicada en El Porvenir, Nuevo León: 2
Ir a la notaLos que se quedaron esperando fueron distintos representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que buscan un aumento de impuestos a bebidas azucaradas y productos del tabaco. Nos cuentan que el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y quien ha reiterado en más de una ocasión la necesidad de incrementar los impuestos a estos productos, les ofreció un espacio en San Lázaro para ir a presentar una propuesta de modificación a la miscelánea fiscal, prometiendo su participación e incluso la presencia del coordinador Mario Delgado, pero al final los dejó plantados y fue el secretario de Morena en la Comisión de Hacienda, Manuel Huerta, quien tuvo que salir al quite.
Ir a la notaEl diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, calificó de necesaria y urgente la comparecencia de Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), para que dé cuenta del Dictamen de Probable Responsabilidad de la Autoridad Investigadora en la que se emplazó a diversos agentes por posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de bonos del gobierno. El diputado recordó que los bancos tienen hasta el 23 de enero para presentar sus alegatos y que el Pleno de la Cofece tiene hasta el 28 de julio para emitir una resolución final y de comprobarse que se realizaron prácticas monopólicas absolutas, podría establecer multas de hasta el 10 por ciento de los ingresos anuales de la institución financiera. Finalmente reconoció los esfuerzos de la Cofece e instó a seguir trabajando en pro de una sana competencia entre actores económicos. También apuntó que es necesario que la titular explique al Congreso de la Unión la manera en que la investigación se llevó a cabo y que aporte más detalle sobre los agentes que pudieran estar involucrados, esto con el fin de conocer hasta qué punto se afectó la economía y respaldar las acciones que deriven de la investigación.
Ir a la notaLa diputada de Morena, Tatiana Clouthier, dijo que el Congreso de Baja California es incapaz de manejar el asunto respecto de la intensión de ampliar el mandato del próximo gobernador del estado; muestra de ello es el extravío del expediente de la reforma constitucional que ampliaría el mandato de Jaime Bonilla, de dos a cinco años. "Si el Congreso perdió un papel de esa magnitud, imagínate la capacidad que tendrá para llevar a cabo leyes o no, yo estaría ahorita nombrando y haciendo que llamaran a los suplentes porque los titulares no son capaces. "En el momento que sea promulgado pudieran entrar controversia al respecto, son una serie de artimañitas (retrasar la promulgación de la reforma), esto me habla pésimo del Congreso local, me habla pésimo del gobernador electo", afirmó en entrevista con Elisa Alanís para Milenio Televisión. La diputada morenista dijo que es una atrocidad lo que ocurre en Baja California pues además manda un mensaje equivocado a los demás estados de la República para dar paso a extensiones o reducciones de mandato de los gobernadores. Publicada en Milenios: 8
Ir a la nota