Mensaje virtual de la Presidenta de la Mesa Directiva durante la conmemoración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, organizada por la UNESCO, en colaboración con el INAI
DIPUTADA DULCE MARÍA SAURI RIANCHO
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Mensaje virtual durante la conmemoración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, organizada por la UNESCO, en colaboración con el INAI.
Muy buenos días a todas y a todos; desde luego, al grupo de comisionados y comisionadas del Instituto Nacional de Acceso a la Información en este importante evento.
A mi compañera representante de la colegisladora, la senadora Imelda Castro, así como a quien representa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ministro Pardo.
Quiero señalar la importancia de la presencia de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y a todos y todas quienes en representación de la UNESCO, el INAI, están conectados el día de hoy.
Esta reunión conmemora el Día Internacional de Acceso a la Información. En este marco, habremos de atestiguar la suscripción del convenio entre la UNESCO y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, más conocido como INAI.
Libertad de expresión como garantía y acceso a la información como derecho, han estado sólidamente vinculados en nuestra transición democrática.
La amplia reforma político-electoral de 1977, la del reconocimiento de la pluralidad política, produjo la nueva obligación para el Estado mexicano de garantizar el acceso a la información. A partir de entonces este nuevo derecho acompaña a la garantía constitucional para la libre manifestación de las ideas sin inquisición alguna de carácter judicial o administrativo, con la salvedad -decía la Constitución en 1977- cito: “sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público”. Fin de la cita.
Hubo que andar un largo camino para que la ley reglamentaria del artículo sexto constitucional entrase a formar parte del entramado jurídico que respalda al ejercicio efectivo de los derechos consagrados en la Constitución.
Su camino legislativo fue también inédito; la iniciativa provino de la sociedad civil, el Grupo Oaxaca, diverso y plural, conformado por integrantes de distintas organizaciones y personas de los medios de comunicación.
Esta propuesta fue adoptada por todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados que fue, por cierto, la Cámara de origen, aprobada por unanimidad y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, casi 25 años después de la reforma constitucional.
La reforma de Estado emprendida en 2007 tuvo también efectos sobre la legislación en materia de transparencia al establecer en la Constitución los principios y bases para el ejercicio del derecho a la información.
Una vez más, la reforma político-electoral de 2013, la misma que generó la transformación del IFE en Instituto Nacional Electoral, el establecimiento de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la Federación, entre otras trascendentales reformas, transformó a la educación garante del ejercicio del derecho a la información al pasar del IFAI al Instituto Nacional de Acceso a la Información y darle rango de órgano constitucional autónomo como lo es desde el 7 de febrero de 2014.
En mayo de 2016 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establecieron los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho humano de acceso a la información.
Me tomo la licencia de leer su artículo primero: “La presente ley es de orden público y tiene por efecto proveer lo necesario en el ámbito federal para garantizar el derecho a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fidecomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia de Acceso a la Información Pública”. Más claro, ni el agua; todos estamos incluidos en esta obligación de transparencia
Como órgano Legislativo, en la Cámara de Diputados buscamos que las leyes aprobadas y sus reformas sean armónicas con el principio de acceso a la información, que se salvaguarde este derecho para las y los ciudadanos.
Pero también como sujeto obligado, la Cámara de Diputados ha puesto en marcha diversos mecanismos para facilitar el acceso a la información y transparentar las actividades que llevamos a cabo.
Estamos comprometidos con la implementación de una plataforma Web más amigable, basada en la información contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia.
La pandemia de COVID19 representa un reto en materia de acceso a la información por las restricciones introducidas por las medidas sanitarias; sin embargo, hemos contado con el Canal del Congreso para transmitir en vivo las sesiones del Pleno e informar del quehacer Parlamentario, también la disponibilidad en la Gaceta Parlamentaria, de las versiones estenográficas de las sesiones y estamos realizando esfuerzos para utilizar las nuevas tecnologías de la información para poner a la vista de todos las reuniones de trabajo de las 46 comisiones y así transparentar las actividades de las y los legisladores.
Cabe destacar, puntualmente, que en lo que va del año la Cámara ha recibido, a través de la Unidad de Transparencia, mil 214 solicitudes de acceso a la información, ejercicio de derechos, rectificación, cancelación y oposición, mejor conocido como Derechos Arco, de las cuales mil 209 tuvieron trámite de solicitudes de acceso y cinco como de ejercicio de Derechos Arco.
Tengo la satisfacción de recordar que el INAI reconoció en 2019 que la Cámara de Diputado como sujeto obligado cumplió al 100 por ciento sus obligaciones de transparencia.
Estoy convencida de que el binomio de acceso a la información y la transparencia es el elemento constructor de lo que la UNESCO denomina Sociedades del Conocimiento Integradoras, es decir, sociedades más igualitarias, democráticas e informadas.
Desde la Cámara de Diputados seguiremos contribuyendo para hacerla posible en México.
Muchas Gracias.
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