Outsourcing ilegal: ejemplo de rapacidad neoliberal


Outsourcing ilegal: ejemplo de rapacidad neoliberal 


Para nadie es un secreto que con la llegada de las políticas neoliberales a Latinoamérica (Chile fue el primer experimento de los llamados “Chicago Boys”, en los años 70) y en particular a México en la década de los 80, la pauperización del trabajo se hizo cada vez más evidente.

Estas políticas neoliberales que se implantaron en nuestro país erosionaron el salario y poder adquisitivo de los trabajadores, además de que originaron la pérdida de derechos e inestabilidad en el trabajo. Una de estas políticas fue dirigida a minar los derechos laborales conquistados con sangre y enormes sacrificios de la clase trabajadora durante, por lo menos, un siglo. 

Esta política es a la que se le denomina “outsourcing” o subcontratación. Esta nueva forma de organización del trabajo (o podríamos decir, esta nueva forma de explotación y obtención de plusvalía) se caracteriza por subcontratar personal de una empresa a otra, la cual no tiene obligación de dar derechos sociales ni laborales, ya que sólo contrata de forma temporal.

Lo anterior, a todas luces de la legislación en México es una violación. Sin embargo, no debemos olvidar que no todo “outsourcing” es ilegal. Hay quienes subcontratan, se apegan a lo que marca la ley y reconocen derechos laborales y seguridad social.

Esta subcontratación se ha caracterizado por: 1) no permitir que los trabajadores hagan antigüedad, ya que se firman contratos por pocos meses; 2) despedir a quienes tienen una fuente de trabajo bajo este esquema a final de año y así evitar pagar aguinaldo y prestaciones que por ley se deberían otorgar; 3) ha servido para la evasión fiscal de quienes emplean este esquema de subcontratación.

Además, 4) no se reconocen derechos (seguridad social) y, por lo tanto, los trabajadores no tienen plan de retiro, ahorro, pensión, servicio médico, capacidad de tener un crédito para vivienda, entre otros; 5) capacidad organizativa, a fin de formar sindicatos y defender sus derechos, ya que los trabajos son muy inestables y la rotación del personal es constante. Éstas son, entre otras, las desventajas para los trabajadores.

Es por ello que en el Poder Legislativo apoyamos la propuesta del Ejecutivo Federal para terminar con la subcontratación ilegal. Estamos del lado del pueblo, de la clase trabajadora que ha sufrido desde hace cuatro décadas los estragos del neoliberalismo y sus políticas encaminadas a la acumulación de riqueza de unas cuentas personas, a costa de la enorme mayoría, conformada por los más pobres, quienes se han empobrecido más.

Nuestra batalla como legisladores en la Cámara de Diputados es contra aquellos esquemas de subcontratación donde se niegan los derechos de la clase trabajadora. Nuestra lucha se apoya en el ideario de nuestro Presidente de la República, que pone por delante un esquema gubernamental donde se amplíen derechos, que se reconozcan y hagan efectivos los ya existentes.

Nuestro compromiso como Grupo Parlamentario es con la gente que más lo necesita, que han visto minado su ingreso y poder adquisitivo. Trabajamos para que el pueblo recupere su capacidad de adquirir bienes necesarios para vivir dignamente y con bienestar.

¡Desde abajo y con la ciudadanía!