Infodemia y fake news: un nuevo reto legislativo

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Infodemia y fake news: un nuevo reto legislativo

Las noticias falsas, o fake news, han ganado terreno debido al mal uso de las tecnologías de la información y la comunicación; a pesar de ello, hay buenos ciudadanos y autoridades que se dedican a la verificación de este tipo de material a nivel nacional e internacional, con la finalidad de defender la verdad.

En la coyuntura del coronavirus ha surgido todo tipo de material engañoso que pretende confundir y hacer creer a la población que este contagio no existe, que hay remedios caseros (los cuales pueden ser peligrosos) y tratar de validar diferentes teorías conspirativas que no tienen sustento.

Detrás de cada dato oficial sobre la pandemia se origina, al mismo tiempo, información falsa. Este fenómeno ha sido nombrado por la Organización Mundial de la Salud como Infodemia, que es la cantidad excesiva de información (en algunos casos correcta, pero en otros no) que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna, cuando más lo necesitan.

La Infodemia propaga, con la Internet, confusión, pánico y genera división de creencias en momentos en los que se requiere solidaridad y colaboración para salir de esta situación. Los gobiernos combaten día con día las fake news en el ciberespacio, por ejemplo, al momento de escribir en el buscador la palabra COVID-19, saldrán accesos directos que redireccionan al usuario a plataformas institucionales con información fidedigna respecto de cómo actuar en la contingencia sanitaria.

Definitivamente la Infodemia y las fake news inciden en la vida de las personas. Ante tal situación, tendría que ser debatido en el recinto legislativo, aunque es necesario considerar que hay una línea muy delgada entre reproducir información (real o no) con la libertad de expresión. Entonces, se deberá trabajar para que la futura solución no sea una restricción de lo que se publica y visualiza en la Internet.

En el caso de que los y las legisladoras consideraran analizar esta situación, habría que escuchar a todas las voces de la sociedad, a los académicos y especialistas, a fin de buscar que lo que resulte del trabajo legislativo no afecte las libertades garantizadas en la Constitución.

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